La administración del Estado en crisis

Si el Estado de Chile fuera una empresa operando en un mercado competitivo estaría quebrado. La ecuación para entenderlo es bien simple: los clientes van a la baja y los empleados al alza. ¿Qué empresa puede sobrevivir así? Y peor aun, ¿cómo se hace gestión de personas en una organización donde la información es parcial, las evaluaciones de desempeño no discriminan y la posibilidad de despido es inexistente? Imposible.

Esa es la realidad de nuestro Estado, que no por ser tal debería eximirse de ser una organización bien gestionada; no por no tener clientes debería prestar un mal servicio a los ciudadanos; y no por carecer de accionistas debería olvidarse de que existen contribuyentes. Veamos la evidencia.

“¿Cómo se hace gestión de personas en una organización donde la información es parcial, las evaluaciones de desempeño no discriminan y la posibilidad de despido es inexistente? Esa es la realidad de nuestro Estado”.

La última encuesta CASEN provee un dato sorprendente: desde el año pasado, en todos los quintiles hay más alumnos en colegios particulares que en públicos, es decir, incluso la mayor parte del 20% de familias de menores ingresos de la población prefiere mandar a sus hijos a un colegio privado. Un fenómeno similar se observa con las atenciones hospitalarias y la justicia civil, por ejemplo, donde la demanda por los servicios estatales va a la baja.

Desde el otro lado de la ecuación las cifras son incluso peores. En la última década, según datos del INE, los asalariados del sector público han aumentado en un 40%; y según datos de la Dipres, el personal del gobierno central lo ha hecho en un 70%. Aunque parezca increíble, ni siquiera existen datos precisos y compartidos para saber cuánta gente trabaja para el Estado, pero si nos quedamos con la información parcial del INE, serían casi un millón doscientas mil personas, lo que representa un 13% del total de ocupados; 2,5 puntos porcentuales más que hace una década. De hecho, hoy el crecimiento del empleo público quintuplica al del privado.

Y como si lo descrito no fuera suficiente para entender la crisis que vive la Administración Pública, agreguemos algunos datos acerca de la gestión de personas. El 97% de las instituciones estatales cumple más del 90% de sus metas, con lo que casi la totalidad de los empleados públicos recibe su bono. Y si aun así se quisiera echar a alguien de evidente mal desempeño, no es posible, porque el Estatuto Administrativo –que viene de 1989– asegura la inamovilidad. Por lo mismo, no es raro que el sector público lleve la delantera también en licencias y horas extraordinarias.

¿Qué hacer? Lo primero es entender que estamos en una crisis, porque de otro modo seguiremos evadiendo el problema y dejando que la bola de nieve siga creciendo. El Servicio Civil, que es como la gerencia de RRHH del Estado, no tiene poder para enfrentar la situación. En una empresa, esto entraría en las prioridades del gerente general y del directorio, cuyos equivalentes en el aparato público serían el Presidente de la República y el Congreso, de los que es difícil esperar algo, porque aquí los empleados son también votantes.

¿Y entonces? Una primera señal para ver si el problema es priorizado debería venir esta semana con la presentación de la Ley de Presupuesto. Y la otra señal sería que se incluya como un aspecto central del tan manoseado Pacto Fiscal. Estos eventos obligarían a que el Congreso-Directorio de Chile al menos trate el problema. Veremos.